A mediados de mayo, los cuatro juzgados civiles de Antofagasta iniciaron la implementación de la firma digital como sistema de tramitación electrónica en sus causas civiles, ejecutando un plan piloto que se ha ido desarrollando gradualmente y que a partir del primero de julio tendrá a todas estas instancias tramitando los casos bajo esa modalidad.
Unos días después, la Asociación Chilena de Derecho Registral y Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a través de su presidente Luis Maldonado, anticipó que, a partir del 13 de septiembre de este año, las escrituras que emitan los notarios de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, deben ser suscritas con firma electrónica avanzada, lo que “impedirá su falsificación y dará mayor seguridad al sistema”.
La premura por echar andar ambas iniciativas no es al azar y demuestran que nuestro país continúa avanzando a buen ritmo en la materia, al considerar la implementación de la firma electrónica avanzada tanto en el sector privado –por ejemplo, en la creación de empresas en un día-, como en entidades gubernamentales.
En efecto, este servicio es una herramienta tecnológica que se volverá indispensable en la modernización del aparato estatal, al permitir la autentificación y validar legalmente al firmante de un documento electrónico, lo que lo habilita para utilizarse en juicios o procesos.
Y es que sus beneficios son múltiples y comprobables. Por una parte, está la plena confianza que brinda a los usuarios -en tanto identificación de los emisores y de los datos que contienen-, no repudio, seguridad y confidencialidad de la información, además de facultar a los entes fiscalizadores para cumplir su labor de manera más precisa y eficiente.
A lo anterior se añaden su sencillo funcionamiento a través de un dispositivo llamado token, que se conecta al puerto USB del computador y que cumple con las normas internacionales FIPS 140-2 L3, y las otras soluciones que proporciona la industria en este sentido, como la biometría, sistema que verifica la identidad a través de la huella digital y que constituye Firma Electrónica, con utilizaciones en sectores tan diversos como la banca, retail o las telecomunicaciones.
Para dar certeza al usuario, las compañías que entregan esta prestación –conocidos como Proveedores de Servicios de Certificados (PCS)- deben ser acreditados por la Subsecretaria de Economía, organismo que garantiza que la empresa ha sido fiscalizada, además de poseer una infraestructura digital y el personal competente para generar y resguardar los certificados digitales.
De esta manera, es manifiesta la importancia de adoptar la tecnología si el objetivo es actualizar los sistemas de gestión del mundo público y privado, y despapelizarlo con validez legal, pues no sólo facilita a las organizaciones a realizar trámites de manera rápida y expedita, sino también aporta una nueva forma de hacer los procesos, con un nuevo estándar de calidad que se traduce en ahorros significativos en tiempo y dinero, así como una mayor accesibilidad.
Por Jorge Gutiérrez, Director Comercial de Acepta
